Ecuador, Peru, Bolivia

Correa asegura que "hay conspiraciones en marcha" contra su Gobierno lideradas por organizaciones indígenas
QUITO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, aseguró este viernes que "hay conspiraciones en marcha" contra su Gobierno que están lideradas por organizaciones indígenas y anunció que próximamente presentará las pruebas de estos supuestos intentos de desestabilización.

"Hay conspiraciones en marcha ustedes saben que no hablo por gusto se lo vamos a demostrar en los próximos días al país", afirmó Correa, durante su intervención en la clausura de la décima Cumbre de jefes de Estado de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que se celebra en la ciudad ecuatoriana de Otavalo.

Aunque no precisó quiénes estarían detrás de estas acciones, dejó entrever que la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) podría estar orquestando estos intentos de derrocar a su Gobierno, por ser una de las organizaciones que más oposición radical ha hecho desde que asumió el poder en 2007.

Así, lamentó los hechos ocurridos este viernes antes del inicio de la segunda jornada de la cumbre cuando un grupo de miembros de la Conaie intentó ingresar a la fuerza al recinto donde se desarrolla el encuentro de mandatarios. "La violencia no es el camino compañeros y cuidado: esto es parte del plan para desestabilizar al Gobierno", alertó.

Una de las acciones que podrían estar gestando estos grupos es la de crear posibles "revueltas" en ciertos sectores de la población con la intención de provocar "heridos, muertos" y víctimas que sean achacadas a las fuerzas públicas. "Nosotros no caeremos en la trampa, siempre nuestra respuesta será de paz, firmeza también con la aplicación de la ley y si ustedes son provocados no respondan compañeros", instó.

Correa aseveró que muchas de estas organizaciones indígenas están siendo utilizadas por "grupos oligárquicos" de la derecha que siempre se han mostrado contrarios a sus políticas económicas y sociales. "Miren a los extremos que han caído ciertos dirigentes indígenas: pactar, amarrar, conversar con la más extrema, recalcitrante, cavernícola derecha que tiene este país", expresó.

A la décima cumbre del ALBA asistieron los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez; y de Bolivia, Evo Morales, entre otros dirigentes y representantes indígenas de los países miembro que debatieron durante dos días la situación actual de los aborígenes y de los afrodescendientes en la región andina.
http://www.europapress.es/latam/ecuador/noticia-ecuador-correa-asegura-hay-conspiraciones-marcha-contra-gobierno-lideradas-organizaciones-indigenas-20100625222412.html

Organizaciones indígenas rechazan observaciones a la Ley de Consulta
Las organizaciones amazónicas y andinas de los pueblos indígenas a nivel nacional y quienes suscribimos el presente, nos dirigimos a la opinión pública nacional e internacional para manifestar nuestra indignación y rechazo frente a la decisión del Poder Ejecutivo de observar la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas que fuera aprobada por el Congreso de la República.

Luego de los lamentables sucesos de Bagua, se abrió un canal de entendimiento entre el Estado y los pueblos indígenas en las Mesas de diálogo. Las organizaciones indígenas participamos en este proceso con voluntad sincera de arribar a consensos y soluciones. Sobre la base de las propuestas realizadas por la Defensoría del Pueblo, la Mesa N° 3 llegó a concertar un proyecto de ley sobre Consulta Previa, el mismo que luego fue desconocido por el Poder Ejecutivo.

Las organizaciones indígenas, andinas y amazónicas, en consenso, le dieron continuidad a este proceso, presentándolo a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República. Esta Comisión, aprobó un proyecto de ley que fue respaldado ampliamente por las organizaciones indígenas. Sin embargo, el Pleno priorizó la discusión del dictamen de la Comisión de Constitución, el que finalmente fue aprobado. Manteniendo nuestra voluntad de concertación, aceptamos la ley aprobada.

Este proyecto, que sólo recoge los contenidos mínimos que garantizan el derecho a la consulta, ha sido observado por el Gobierno. A continuación presentamos los argumentos que refutan dichas observaciones:

- Se desconoce a las comunidades andinas como sujetos de derecho del Convenio N° 169 de la OIT. Sin embargo, la Constitución Peruana, no distingue entre los derechos de Comunidades Campesinas y Nativas; el propio Estado Peruano en sus informes a la OIT, ha reiterado que las Comunidades Campesinas están amparadas por el Convenio. Del mismo modo la OIT, el Relator de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ratifican este concepto. Cabe señalar que según datos del INEI del 2008, el 26% de la población peruana se autoreconoce como integrante de un pueblo indígena u originario.

- El gobierno quiere librar de responsabilidad a los funcionarios que incumplan con el derecho de consulta previa. Asimismo, pretende que ningún proceso judicial impida la ejecución de sus decisiones aún cuando no sean consultadas.

- Se vulnera el derecho a la autonomía de las organizaciones indígenas y a las formas de decisión interna de los pueblos indígenas al intervenir la ONPE como entidad que definiría la representación de los pueblos que son consultados.

- Se argumentó que el derecho a la consulta no abarca los Planes, Programas y Proyectos de Desarrollo. Ello falta a la verdad puesto que el artículo 7 del Convenio de OIT señala expresamente que “dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente”.

- El Gobierno pretende confundir a la opinión pública levantando el concepto de veto cuando este no está recogido en el dictamen aprobado. El consentimiento que exigimos los pueblos indígenas implica la búsqueda de consensos, sin imposiciones.

- Se pretende legitimar las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas mediante indemnizaciones; de esa manera buscan “comprar” nuestros territorios, nuestra dignidad, en suma nuestra vida.

Las observaciones del Gobierno nos remiten a la misma situación vivida antes de los sucesos de Bagua e incluso la agravan. Se continúa con la política del “perro del hortelano”, desconociendo a los pueblos indígenas para mantener a toda costa los exagerados beneficios a las industrias extractivas.

Las observaciones planteadas hacen inviable un acuerdo. Es por ello que solicitamos al Congreso de la República que insista en la promulgación de la Ley aprobada.

El actual esquema de decisiones sobre los recursos naturales y los bienes públicos es vertical, poco participativo, y durante este gobierno, totalmente autoritario, lo que ha elevado la conflictividad social. La implementación de la consulta previa, permitiría espacios de diálogo que evitarían los conflictos.

Convocamos a los sectores sociales, políticos, medios de comunicación, y a la opinión pública en general, a exigir la aprobación de la ley, sin observaciones.
http://www.losandes.com.pe/Nacional/20100625/37697.html

Indígena septuagenario lidera marcha contra Morales
Por Franz Chávez

LA PAZ, 25 jun (IPS) - El indígena Ernesto Noé, de 69 años, dirige por séptima vez a los pueblos de los bosques y llanuras tropicales de Bolivia en una marcha de 1.482 kilómetros desde la ciudad de Trinidad, capital del norteño departamento de Beni, hasta la sede del gobierno.

Los indígenas, que comenzaron su recorrido el 21 de este mes y calculan 60 días de caminata, demandan territorios y autonomía efectiva, y se manifiestan contra la extracción de petróleo con daños ambientales.

Noé fue uno de los líderes de la primera marcha de los pueblos del oriente en 1990, quienes exigían dignidad, el reconocimiento de sus tierras y una asamblea constituyente.

Ese movimiento terminó convirtiéndose en el impulsor de los cambios políticos que vive Bolivia desde la asunción del presidente aymara Evo Morales en 2006.

Con 69 años, el pelo canoso y paso firme, Noé, de la etnia mojeño trinitario, tiene varios méritos.

Fundó y presidió en 1989 la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB), conformada por 18 etnias, y ahora es presidente del Comité de Marcha de esta organización que integra a su vez la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob).

Su edad también lo hace merecedor del respeto de las culturas amazónicas. A los ancianos se les considera fuente de sabiduría y hoy, como dirigente de la CPIB, es reconocido también por la Cidob, que agrupa a 11 organizaciones regionales del oriente y del Chaco boliviano.

El dirigente encabeza a unas 700 personas que comenzaron la larga caminata a las seis de la mañana del lunes en la ciudad de Trinidad, capital de Beni, un mes después de la suspensión de otra marcha tras una negociación apresurada entre la Cidob y el gobierno.

En esa negociación, el gobierno anunció su disposición a modificar la legislación forestal para evitar una depredación de los bosques, así como la vigilancia estricta del cumplimiento de normas ambientales por parte de las empresas mineras.

La promesa gubernamental de crear un reglamento de consulta a los pueblos indígenas antes de realizar exploraciones petrolíferas, construir carreteras y centrales hidroeléctricas, y autorizar sondeos mineros aplacó el enojo de la Cidob, pero la tensión se avivó cuando los pueblos indígenas pidieron autonomías en sus territorios comunitarios de origen (TCOs).

"Queremos hablar con el gobierno de jefe a jefe porque las negociaciones con los ministros han fracasado", expresó Noé en un diálogo telefónico con IPS desde un punto de la marcha conocido como Casarabe, distante a unos 50 kilómetros de la ciudad de Trinidad.

Un total de 84 territorios comunitarios de origen fueron reconocidos por el gobierno, pero hasta ahora sólo 11 municipios están en proceso de transformarse en gobiernos autónomos indígenas después de que sus habitantes eligieron ese modo de administración en una consulta popular el 6 de diciembre de 2009.

Los 11 municipios deben elaborar sus estatutos y elevarlos en consulta al Tribunal Constitucional, un órgano judicial que entrará en vigencia en 2011. Posteriormente se convocará a referendos para la adopción de las cartas orgánicas indígenas.

Noé recuerda que en 1990, tras una marcha entre Trinidad y La Paz, lograron el reconocimiento de territorios indígenas y hoy piden que esas delimitaciones se transformen en gobiernos autónomos, capaces de administrar sus recursos naturales y elegir a sus autoridades bajo la modalidad de usos y costumbres.

En estas zonas tropicales, el modo de elección popular son los cabildos, asambleas populares que postulan a los habitantes reconocidos por su trabajo y valores morales.

La diferencia existente entre la aplicación de un procedimiento de elaboración de estatutos con participación del Tribunal Constitucional y la propuesta indígena de aprobar las cartas orgánicas en asambleas populares representa el centro del conflicto y ruptura entre la Cidob y el gobierno.

La Asamblea del Pueblo Garaní (APG), integrante de la Cidob, ha optado por conversar con el gobierno y por ello no participa de la marcha.

"Nunca hemos estado cerrados al diálogo, pero no se puede vulnerar la Constitución Política del Estado", expresó a IPS el viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, César Navarro.

Para Navarro, detrás de las movilizaciones están los intereses de "manipulación política" de algunos dirigentes apoyados por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por su sigla en inglés) y citó el caso de la Central de Pueblos Indígenas del Norte de La Paz (CPILAP).

Esa organización, afiliada a la Cidob, recibió financiamiento para elaborar y publicar su plan de desarrollo quinquenal. "Usaid ha estado involucrada en elaborar la visión de una organización y por tanto está penetrando e involucrándose" en ella, afirmó.

"Muchas organizaciones no gubernamentales son correas de implementación de las corrientes de Estados Unidos", aseguró el funcionario. "Usaid no realiza sus planes de manera directa y asigna recursos" a estas entidades por " cerca de 100 millones de dólares", enfatizó.

"Quiero decirle al gobierno que si la marcha estuviera financiada estuviéramos muy cómodos, pero los compañeros fueron de pesca para comer en el campamento donde hay escasez de alimentos", respondió Noé.

"Esta marcha la hallo honesta porque no cuenta con recursos para financiar la alimentación de los marchistas", subrayó el veterano líder.

El 22 de este mes, en la ciudad de Santa Cruz, el presidente izquierdista Evo Morales acusó a los partidos de derecha de impulsar demandas "innegociables", como la cesión de tierras fiscales y parques nacionales a indígenas.

"Es una forma de oponerse a las políticas que desarrollamos y al proceso de cambio", expresó.

La marcha indígena de los pueblos orientales ha recibido el respaldo del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo (Conamaq), una antigua aliada de Morales.

Conamaq también demanda el reconocimiento de sus tierras ancestrales para crear gobiernos autónomos que recuperen la antigua organización social y cultural de pueblos de la región occidental de Bolivia.

Esta entidad no descarta adherirse a la marcha de la Cidob, en rechazo al proyecto de Ley Marco de Autonomías propuesto por el gobierno, que establece un número de 10.000 habitantes para conformar un gobierno autónomo, mientras la organización de tierras altas pide que el número sea sólo de 6.000 habitantes.
http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=95762

Peru

Peru leader rejects indigenous land rights law
By Dan Collyns - BBC News, Lima

President Alan Garcia of Peru has refused to sign a law that would give indigenous people more power to stop oil and mining projects on their lands.

The law was approved by Congress, but Mr Garcia said he could not let indigenous communities stop development that would benefit all Peruvians.

Native groups and opposition politicians have criticised the move.

Last year, more than 30 people died in clashes between police and Amazon tribes opposed to oil projects.

Indigenous groups say they have seen little benefit from the rush to develop Peru's rich natural resources, and they fear their traditional ways of life will be destroyed.

'No limits'
Mr Garcia sent the law back to Congress just days before MPs begin a two-month recess at the end of this week.

He said it went too far, as it did not rule out the possibility that native groups could veto infrastructure projects.

Human rights groups say that in approving the bill, Peru's Congress was complying with UN and International Work Organisation treaties which the country had signed.

But Mr Garcia said he could not allow native communities to hold back Peru's economic growth.

"If you want to build a road or gas pipeline and the locals say 'no', then there is no road or electricity. Peru is for all Peruvians and for there to be democracy we can't place limits on future legislation or governments," he said.

China's demand for raw materials has helped to make Peru one of the world's fastest growing economies, and there have been billions of dollars of investment in mining and the emerging oil and gas sector.

But President Garcia's aggressive drive to attract foreign investment has caused massive social friction.

Poor communities in Peru's Amazon jungle and Andes mountains say they are often neither consulted nor informed about big projects on their ancestral lands, and they say they do not see the benefits of the billions of dollars of profit from Peru's natural resources.

Mr Garcia's critics say his refusal to sign means the chances of resolving the country's many conflicts will be thwarted.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/world/latin_america/10399962.stm

Perú: presidente objeta ley de consulta indígena
Redacción BBC Mundo

García dijo que frenó la ley en nombre del desarrollo económico del país.

El presidente de Perú, Alan García, se negó a firmar una ley que daría más poder a los indígenas del Amazonas y de los Andes para frenar projectos petroleros, mineros o de infraestructura en sus tierras.

La ley había sido aprobada por el Congreso, pero García señaló que no podía permitir que las comunidades indígenas detuvieran el desarrollo económico que beneficiaría a todos los peruanos.

El año pasado, en la norteña provincia de Bagua, murieron 34 personas, 25 de ellas policías, tras meses de tensión entre comunidades indígenas y el gobierno peruano, enfrentados por una serie de leyes que afectaban directamente a la Amazonía.

Según reporta la agencia Reuters, poco antes del cierre de la actual sesión legislativa, el ejecutivo envió una serie de observaciones a la ley que había sido aprobada en mayo por el Congreso.

García dijo que la ley no descartaba la posibilidad de que grupos indígenas pudieran vetar projectos de infraestructura como la construcción de carreteras y presas.

El corresponsal de la BBC en Lima Dan Collyns comenta que García tomó la decisión cuando persisten las tensiones sobre los violentos enfrentamientos de Bagua.

Grupos indígenas aseguran no haber recibido ningún tipo de beneficios del reciente ímpetu por desarrollar las reservas naturales de Perú, y dicen temer que sus tradicionales formas de vida puedan ser destruidas.

Críticas

Las críticas a la decisión presidencial no tardaron en llegar.

El legislador Edgard Reymundo, del opositor Bloque Popular, dijo que el gobierno "mantiene una posición terca de no comprender ni respetar el derecho de las comunidades indígenas, de que éstas deben dar un consentimiento respecto a cualquier propuesta administrativa o legislativa que haga el estado en relación a sus derechos", según citó Reuters.

Collyns explica desde Lima que la decisión de Alan García de regresar la ley al Congreso ocurre días antes de que los congresistas comiencen sus dos meses de receso, a finales de esta semana.

Ahora resulta que para hacer una carretera o para que pase un gasoducto tan importante, si es que en la reunión de los comuneros deciden que no pase, no hay gasoducto, y se quedó sin luz o gas Lima.

Grupos en defensa de los derechos humanos expresaron que con la aprobación de la ley Perú no estaba sino cumpliendo con los tratados de la Organización de Naciones Unidas y de la Organización Internacional del Trabajo (Convenio 169), que han sido ratificados por el país.

Pero García, si bien defendió el hecho de que se consulte a los nativos, afirmó que ello no puede significar que tengan derecho a veto ni que tampoco se contemple dentro de esa ley a las comunidades campesinas.

"La ley que se ha aprobado en el Parlamento va más allá del Convenio 169 porque no sólo trata a las comunidades nativas de la Amazonía sino que ha extendido el concepto a las comunidades campesinas", dijo García a periodistas.

"Ahora resulta que para hacer una carretera o para que pase un gasoducto tan importante, si es que en la reunión de los comuneros deciden que no pase, no hay gasoducto, y se quedó sin luz o gas Lima, por ejemplo", agregó.

"Perú es para todos los peruanos y para que funcione la democracia no podemos imponer límites a futuras legislaciones o gobiernos", agregó García.

Crucial ley

El año pasado más de 30 personas murieron a causa de enfrentamientos entre la policía y tribus del Amazonas.

La explotación de la riqueza natural de Perú suele despertar el rechazo de comunidades que temen afecten el medioambiente y demandan una mayor tajada de los beneficios de las empresas.

El país andino es un importante productor mundial de metales y busca posicionarse como un jugador energético clave.

Como indica el corresponsal de la BBC, la gran demanda de materias primas de China ha hecho de Perú una de las economías que ha registrado un mayor repunte en el mundo durante la década pasada.

Miles de millones de dólares han sido invertidos por compañías extranjeras en la minería, la industria del petróleo y del gas natural.

Pero las intenciones de Alan García para atraer la inversión extranjera han causado enormes fricciones sociales.

Las comunidades pobres del Amazonas y de las regiones montañosas de los Andes dicen que pocas veces son consultadas sobre los grandes proyectos en sus tierras ancestrales.

Además acusan al gobierno de que no reciben los beneficios de los miles de millones de dólares que Perú está obteniendo de la explotación de sus recursos naturales.

Para los críticos de García, la decisión de frenar esta ley significa que las oportunidades de resolver los conflictos sociales del país están cada vez más amenazadas.
http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2010/06/100624_peru_alan_garcia_ley_indigena_lh.shtml

Ecuador

Decenas de indígenas llegan a Quito en marcha que comenzó en la Amazonía
21-06-2010 / 16:40 h

Quito, 21 jun (EFE).- Decenas de indígenas llegaron hoy a la capital ecuatoriana tras participar en una marcha que comenzó hace once días en la Amazonía con la que pretenden que se respeten sus derechos y conmemorar los veinte años de su primer "levantamiento" nacional.

Marlon Santi, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la organización social más importante del país, declaró hoy al canal de televisión Teleamazonas que entregarán hoy a la Asamblea Nacional Legislativa un pliego de peticiones para que se respeten sus derechos.

"Venimos a replantar el respeto a los derechos ciudadanos y el respeto a los derechos de pueblos y nacionalidades indígenas", dijo, y añadió que "después de 20 años de lucha pedimos al Estado y al Gobierno Nacional que respeten, en lo posible, siquiera el uno por ciento de nuestros derechos".

Agregó que a los indígenas que salieron del Puyo (Amazonía) el pasado 10 de junio se sumarán hoy delegaciones de otras provincias en el parque de El Arbolito, cercano a la sede de la Asamblea Nacional Legislativa.

La Conaie ha recordado que los indígenas conmemoran hoy los veinte años de su primer "levantamiento" nacional, y que para ello preparó una concentración en el centro de Quito a la que han invitado a otras organizaciones sociales para continuar "la lucha de pie, con voz propia y resistencia", según un comunicado de la Conaie.

"¡Y seguimos en la lucha!, tras las huellas del 90!", se denomina la concentración, que también pretende convertirse en una manifestación contra ciertas políticas aplicadas por el Gobierno del presidente Rafael Correa, del cual eran antiguos aliados.

Según la Conaie, del 28 de mayo al 11 de junio de 1990 se realizó el primer levantamiento de las comunidades indígenas del país "por la defensa y reivindicación" de sus derechos, territorio, la justicia y la libertad.

Las protestas indígenas convocadas por la Conaie en diferentes momentos de la historia reciente de Ecuador, han sido contundentes, sobre todo en los procesos sociales que llevaron a la caída del poder de varios presidentes como el populista Abdalá Bucaram (1996-1997) y el democristiano Jamil Mahuad (1998-2000).

También los indígenas participaron en las protestas ciudadanas que en abril de 2005 forzaron la salida del poder del entonces gobernante populista Lucio Gutiérrez.

Pese a que en un principio la Conaie decidió brindar un "apoyo condicionado" al actual Gobierno, después marcó distancias de Correa, quien se considera un humanista de izquierda y que ha repetido su decisión de gobernar con prioridad en favor de los pobres y especialmente de los indígenas.

La polémica por las leyes de Minas, ya aprobada en el Legislativo, y de Recursos Hídricos, que los indígenas temían que podía fomentar la privatización del agua, que aún en trámite, generó duros enfrentamientos entre la Conaie y el Gobierno.

La aplicación de la justicia indígena contra acusados de delitos, que han sido condenados a sufrir vejaciones y escarnios públicos, ha recibido críticas por parte de Correa. EFE
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=427936