Inheemse Peruanen krijgen eindelijk wettelijke bescherming
LIMA, 27 mei 2010 (IPS) - De Peruaanse overheid moet voortaan de inheemse volken raadplegen over elke aangelegenheid die hen aanbelangt. Dat is een van de gevolgen van het bloedige protest vorig jaar in Bagua.
Het nieuwe instrument komt er op een moment dat het aantal privé-investeringen in gebieden van inheemse volken snel stijgt. Meer dan 70 procent van het Amazonegebied is in concessie gegeven voor olieprojecten, in de Andesregio's worden steeds meer mijnlicenties toegekend.
Daardoor ontstonden al meerdere grote conflicten. In juni vorig jaar kwamen 33 mensen om bij botsingen tussen indianen en de politie bij de noordelijke stad Bagua. Enkele duizenden indianen hadden de weg naar Bagua wekenlang geblokkeerd als protest tegen de decreten waarmee de regering inheemse gebieden wilde openstellen voor investeringen in de oliewinning, mijn- en landbouw en houtkap.
Hervormd en versterkt
Als onderdeel van het akkoord dat de regering en de Amazonegemeenschappen vorig jaar sloten, werd de wet ingediend die vorige week werd goedgekeurd. Peru had in 1994 al Conventie 169 van de Internationale Arbeidsorganisatie geratificeerd. Wie dat doet, verbindt zich ertoe inheemse volken te beschermen en raadplegen. Maar het Peruaanse parlement had dat al die jaren nooit in een wet omgezet.
Nu is die wet er dus. Zodra hij in voege treedt, moet de overheid elk wetgevend of administratief initiatief, elk project, plan of programma dat rechtstreekse gevolgen heeft voor de inheemse inwoners, met hen overleggen.
De overheidsinstantie die de raadplegingen moet organiseren, is het Nationaal Instituut voor Andes-, Amazone- en Afro-Peruaanse Volken (Indepa). Volgens Iván Lanegra, van de ombudsdienst voor inheemse volken, moet dat instituut eerst hervormd en versterkt worden. Ook het ministerie van Energie en Mijnbouw zal haar werking moeten bijsturen omdat veel investeringsprojecten in die sector zich op inheems gebied richten, zegt Lanegra.
Veel te doen
Indepa-voorzitter Mayta Cápac Alatrista geeft toe dat de vijf regionale kantoren die het instituut sinds december heeft, onvoldoende zijn om te wet te kunnen toepassen. Ook het huidige budget, 2,8 miljoen euro, volstaat niet. "Er valt nog veel te doen."
De ngo Red Muqui vraagt dat de raadpleging van inheemse volken aan enkele voorwaarden voldoen: ze moet gebeuren voordat de overheid een beslissing neemt over het toekomstige gebruik van inheemse gebieden, de consultatie moet vrij en vrijwillig verlopen, zonder druk of machtsmisbruik, en alle betrokkenen moeten toegang krijgen tot alle informatie.
Peru telt 28,7 miljoen inwoners. Een derde is inheems. Er zijn 7515 erkende inheemse en boerengemeenschappen, 6067 in de Andes, 1448 in het Amazonegebied.
http://www.mo.be/index.php?id=63&tx_uwnews_pi2%5Bart_id%5D=28685&cHash=ef662bc32b
Derecho indígena al territorio se hace ley en Perú
Por Milagros Salazar
LIMA, may (IPS) - Los pueblos indígenas de Perú cuentan finalmente con una ley que obliga a los poderes del Estado a consultarlos sobre cualquier disposición que los afecte. Pero su aplicación no será fácil, porque se necesita reformar el organismo encargado de aplicarla y aprobar otras normas.
El unicameral Congreso legislativo demoró 16 años en aprobar la Ley del Derecho de la Consulta de los Pueblos Indígenas desde que el país ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con que los Estados se comprometieron en 1989 a proteger las poblaciones originarias.
Cualquier medida legislativa, administrativa, proyecto de desarrollo, plan o programa que afecte de manera directa los derechos colectivos de los pueblos indígenas tendrá que ser consultada con ellos previamente, señala la nueva norma aprobada el 19 de este mes.
La Defensoría del Pueblo calificó la ley como un paso trascendental para el reconocimiento de los pueblos originarios y para institucionalizar "el diálogo intercultural entre éstos y las autoridades del Estado".
El nuevo instrumento fue aprobado cuando se multiplican los proyectos de inversión privada en los territorios ancestrales, que han generado varios conflictos con alto impacto social. El más grave fue el que se produjo el 5 de junio de 2009 en la norteña provincia de Bagua, cuando la represión de fuerzas de seguridad a protestas indígenas se saldó con 33 muertos.
Más de 70 por ciento de la Amazonia está bajo concesiones otorgadas a proyectos petroleros, mientras en las regiones de los Andes prolifera el otorgamiento de licencias mineras.
Perú ratificó en 1994 el Convenio 169 de los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, que establece en su artículo 6 el derecho a la consulta sobre lo que afecte el territorio y forma de vida de estas poblaciones.
Perú tiene 28,7 millones de habitantes, y un tercio de ellos son indígenas. Hay 7.515 comunidades nativas y campesinas reconocidas, 6.067 andinas y 1. 448 amazónicas.
Las organizaciones indígenas celebraron la ley y exigieron al presidente Alan García que la promulgue sin introducir observaciones. El jefe de Estado tiene 15 días para sancionar las leyes votadas por el Congreso o para devolverlas con observaciones.
Los gremios empresariales reconocen la medida a medias. El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, Ricardo Briceño, señaló que no es totalmente satisfactoria, porque no prohíbe expresamente el veto de los pueblos indígenas.
No hay duda de que la "implementación de la ley implicará un esfuerzo de los diversos actores en el proceso de diálogo", aseguró a IPS Iván Lanegra, adjunto de la Defensoría para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas.
La ley establece en su artículo 3 que debe alcanzarse un acuerdo o consentimiento entre el Estado y los pueblos indígenas sobre las medidas en cuestión. De no ser posible, el Estado está obligado a actuar para proteger los derechos de estas poblaciones.
También fija los criterios para identificar a los pueblos indígenas y las etapas de la consulta. Además, designa al Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (Indepa) como el órgano técnico gubernamental responsable de que se aplicar la legislación.
La Defensoría cree que la ley recoge de manera sustantiva el proyecto que presentó al parlamento en julio de 2009, tras el conflicto de Bagua, y cuya aprobación es parte de los compromisos asumidos entonces por el gobierno con las comunidades amazónicas.
Para Lanegra, el Indepa tendrá que ser reformado porque carece de funciones, recursos y capacidades para asumir la nueva tarea.
La ley entrará en vigor 90 días después de su publicación en el diario oficial El Peruano, para dar tiempo a que "las entidades estatales, responsables de llevar a cabo los procesos de consulta, cuenten con el presupuesto y la organización requerida".
Según Lanegra, el Ministerio de Energía y Minas será uno de los organismos que más deberá adecuar sus desarrollos a la nueva ley, porque varios de sus proyectos de inversión se encuentran en territorio indígena.
La no gubernamental Red Muqui aclaró que las audiencias públicas que realiza actualmente ese ministerio como mecanismos de participación ciudadana en sus desarrollos mineros, no pueden reemplazar la consulta con los pueblos originarios a que obliga la nueva ley.
También planteó que hay tres condiciones básicas para la consulta: que se produzca antes de que el Estado decida sobre el uso futuro de las tierras de los pueblos indígenas; que sea un proceso libre y voluntario, sin presiones o abusos de poder, y que las partes interesadas puedan contar con información completa, accesible y relevante, y con un enfoque intercultural.
Asunta Santillán, experta en temas indígenas de la no gubernamental Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, dijo a IPS que tendrán que someterse a consulta de los nativos los proyectos de ley forestal y de asuntos ambientales, junto con la iniciativa del Ejecutivo para reubicar poblaciones que habitan en zonas de programas de inversión de interés nacional.
El Indepa, explicó a IPS su presidente, Mayta Cápac Alatrista, ya trabaja en la creación de una dirección dedicada a la consulta, que deberá contar con personal especializado y estará dedicada a hacer cumplir la ley.
El instituto tendrá la función de coordinar los procesos de consulta, capacitar a los funcionarios y pueblos indígenas que participen, registrar a las organizaciones y representantes de los nativos y elaborar una base de datos con información detallada sobre esos pueblos.
"Somos conscientes del desafío y sabemos que tenemos que realizar cambios en la institución", dijo Alatrista. Añadió que el mayor reto será lograr que los funcionarios públicos valoren el diálogo intercultural y la diversidad.
El funcionario explicó que en abril ya propuso al gabinete ministerial la incorporación de nueve representantes indígenas al consejo directivo del Indepa, conformado por 21 miembros, y que la selección sea hecha por las propias comunidades indígenas.
Alatrista reconoció que las cinco oficinas que tiene el instituto en las regiones desde diciembre son insuficientes para hacer cumplir la nueva ley. Tampoco bastará el actual presupuesto anual, de 3,5 millones de dólares. "Hay mucho por hacer", afirmó. (FIN/2010)
http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=95515
Native Peoples' Right to Consultation on Land Use Enshrined in Law
By Milagros Salazar
LIMA, May 28, 2010 (IPS) - Indigenous peoples in Peru finally have a law that obliges the state to consult them about any project or provision that affects their territory or communities. But it will be difficult to implement, as the body charged with this task is in need of reforms, and additional legislation is needed before it can be fully enforced.
It took the single-chamber Congress 16 years to pass the law on indigenous peoples' right to prior consultation after the country ratified International Labour Organisation (ILO) Convention 169, which commits nations to protecting indigenous and tribal peoples.
Native peoples must be consulted in advance on any legislative or administrative measure, development or industrial project, plan or programme that directly affects their collective rights, according to the new law approved by the legislature on May 19.
The Peruvian Ombudsman's Office said the law is a momentous step in recognising indigenous peoples and institutionalising "intercultural dialogue between (native peoples) and state authorities."
The new law comes at a time when private investment projects are mushrooming in ancestral indigenous territories, generating a number of high impact social conflicts. The most serious took place Jun. 5, 2009 in the northern Amazon jungle province of Bagua, where 33 demonstrators and police were killed when the security forces clamped down on indigenous protesters.
Over 70 percent of Peru's Amazon region has been handed over as concessions to oil companies, while in the Andean regions licenses for mining projects are proliferating.
In 1994 Peru ratified ILO Convention 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries, which establishes in article 6 the right of native peoples to be consulted on matters affecting their territories and way of life.
One-third of Peru's population of 28.7 million are indigenous people. There are 7,515 recognised native rural communities, of which 6,067 are in the Andean highlands and 1,448 in the Amazon rainforest.
Indigenous organisations welcomed the new legislation passed this month and demanded that President Alan García sign it into law without any changes. The president has 15 days to approve laws voted by Congress or to return them with "observations" indicating his proposed modifications.
The response of business associations to the law has been lukewarm. The president of the National Confederation of Private Business Associations (CONFIEP), Ricardo Briceño, said it is not entirely satisfactory because it does not expressly ban indigenous peoples from exercising the power of veto.
Without question, "fulfilling the law will require effort from all sides in the dialogue process," Iván Lanegra, assistant director for the environment, public services and indigenous peoples at the Ombudsman's Office, told IPS.
Article 3 of the new law states that agreement or consent must be reached between the state and indigenous peoples in the consultation process. If that is not possible, the state is required to act to protect the rights of the native population.
The law also sets criteria for identifying indigenous peoples, and defines the stages that must be completed as part of the consultation process. In addition, it appoints the National Institute for the Development of Andean, Amazonian and Afro-Peruvian Peoples (INDEPA) as the government agency responsible for implementing and enforcing the law.
The Ombudsman's Office, which presented the bill to Congress in July 2009, after the tragedy at Bagua, says the law substantially reflects the original text it introduced, and that approval by the government is part of the commitments that the García administration made to native communities in the Amazon.
Lanegra said that INDEPA is in need of reforms because it lacks the authority, resources and capabilities to fulfil its new role.
The law will come into effect 90 days after its publication in the official gazette, El Peruano, so that there is enough time for "the government agencies responsible for carrying out the consultation processes to be provided with the necessary budget resources and organisational capabilities," the text says.
According to Lanegra, the Ministry of Energy and Mines is one of the bodies that will have to adjust most heavily to the provisions of the new law, because a number of its investment projects are located on indigenous lands.
The Muqui Network, a local non-governmental organisation (NGO) that works for sustainable development and community rights in mining areas, said that the public hearings currently held by the ministry as a form of community participation in mining projects are no substitute for the consultations with indigenous peoples stipulated in the new law.
It also said there are three basic conditions for the consultations: they must be held before the state has decided on the future use of indigenous territories; participation must be free and voluntary, with no pressure or abuse of power; and concerned parties must have access to full, comprehensible and relevant information with an inter-cultural focus.
Asunta Santillán, an expert on indigenous affairs with Law, Environment and Natural Resources (DAR), another local NGO, told IPS that indigenous peoples will have to be consulted on the forestry and environmental bills, as well as on the executive branch's plans to relocate people living in areas slated for investment programmes of national interest.
The head of INDEPA, Mayta Cápac Alatrista, told IPS that his institute is setting up a dedicated office to handle the consultation processes and enforce the law, which will need to be staffed by qualified personnel.
The institute will be in charge of coordinating the consultation processes, training the government officials and indigenous communities that will be participating, registering native organisations and representatives, and setting up a database with detailed information about the indigenous peoples.
"We are aware of the challenge and we know we must make changes in the institute," Alatrista said. He added that the biggest challenge will be persuading government workers to appreciate inter-cultural dialogue and to value diversity.
In April, Alatrista asked the cabinet to appoint nine indigenous representatives to INDEPA's 21-member board of directors, and that they be elected by the indigenous communities themselves, he said.
He acknowledged that the five offices INDEPA has opened in different regions since December are insufficient to oversee enforcement of the new law, and said the institute's annual budget will fall short.
INDEPA has 3.5 million dollars to fund all its activities for 2010, and it is still undetermined whether an additional amount will be allocated to carry out its new responsibilities under the law. "There is a great deal to be done," Alatrista said.
http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=9551
