Correa asegura que "hay conspiraciones en marcha" contra su Gobierno lideradas por organizaciones indígenas
QUITO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, aseguró este viernes que "hay conspiraciones en marcha" contra su Gobierno que están lideradas por organizaciones indígenas y anunció que próximamente presentará las pruebas de estos supuestos intentos de desestabilización.
"Hay conspiraciones en marcha ustedes saben que no hablo por gusto se lo vamos a demostrar en los próximos días al país", afirmó Correa, durante su intervención en la clausura de la décima Cumbre de jefes de Estado de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que se celebra en la ciudad ecuatoriana de Otavalo.
Aunque no precisó quiénes estarían detrás de estas acciones, dejó entrever que la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) podría estar orquestando estos intentos de derrocar a su Gobierno, por ser una de las organizaciones que más oposición radical ha hecho desde que asumió el poder en 2007.
Así, lamentó los hechos ocurridos este viernes antes del inicio de la segunda jornada de la cumbre cuando un grupo de miembros de la Conaie intentó ingresar a la fuerza al recinto donde se desarrolla el encuentro de mandatarios. "La violencia no es el camino compañeros y cuidado: esto es parte del plan para desestabilizar al Gobierno", alertó.
Una de las acciones que podrían estar gestando estos grupos es la de crear posibles "revueltas" en ciertos sectores de la población con la intención de provocar "heridos, muertos" y víctimas que sean achacadas a las fuerzas públicas. "Nosotros no caeremos en la trampa, siempre nuestra respuesta será de paz, firmeza también con la aplicación de la ley y si ustedes son provocados no respondan compañeros", instó.
Correa aseveró que muchas de estas organizaciones indígenas están siendo utilizadas por "grupos oligárquicos" de la derecha que siempre se han mostrado contrarios a sus políticas económicas y sociales. "Miren a los extremos que han caído ciertos dirigentes indígenas: pactar, amarrar, conversar con la más extrema, recalcitrante, cavernícola derecha que tiene este país", expresó.
A la décima cumbre del ALBA asistieron los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez; y de Bolivia, Evo Morales, entre otros dirigentes y representantes indígenas de los países miembro que debatieron durante dos días la situación actual de los aborígenes y de los afrodescendientes en la región andina.
http://www.europapress.es/latam/ecuador/noticia-ecuador-correa-asegura-hay-conspiraciones-marcha-contra-gobierno-lideradas-organizaciones-indigenas-20100625222412.html
Organizaciones indígenas rechazan observaciones a la Ley de Consulta
Las organizaciones amazónicas y andinas de los pueblos indígenas a nivel nacional y quienes suscribimos el presente, nos dirigimos a la opinión pública nacional e internacional para manifestar nuestra indignación y rechazo frente a la decisión del Poder Ejecutivo de observar la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas que fuera aprobada por el Congreso de la República.
Luego de los lamentables sucesos de Bagua, se abrió un canal de entendimiento entre el Estado y los pueblos indígenas en las Mesas de diálogo. Las organizaciones indígenas participamos en este proceso con voluntad sincera de arribar a consensos y soluciones. Sobre la base de las propuestas realizadas por la Defensoría del Pueblo, la Mesa N° 3 llegó a concertar un proyecto de ley sobre Consulta Previa, el mismo que luego fue desconocido por el Poder Ejecutivo.
Las organizaciones indígenas, andinas y amazónicas, en consenso, le dieron continuidad a este proceso, presentándolo a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República. Esta Comisión, aprobó un proyecto de ley que fue respaldado ampliamente por las organizaciones indígenas. Sin embargo, el Pleno priorizó la discusión del dictamen de la Comisión de Constitución, el que finalmente fue aprobado. Manteniendo nuestra voluntad de concertación, aceptamos la ley aprobada.
Este proyecto, que sólo recoge los contenidos mínimos que garantizan el derecho a la consulta, ha sido observado por el Gobierno. A continuación presentamos los argumentos que refutan dichas observaciones:
- Se desconoce a las comunidades andinas como sujetos de derecho del Convenio N° 169 de la OIT. Sin embargo, la Constitución Peruana, no distingue entre los derechos de Comunidades Campesinas y Nativas; el propio Estado Peruano en sus informes a la OIT, ha reiterado que las Comunidades Campesinas están amparadas por el Convenio. Del mismo modo la OIT, el Relator de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ratifican este concepto. Cabe señalar que según datos del INEI del 2008, el 26% de la población peruana se autoreconoce como integrante de un pueblo indígena u originario.
- El gobierno quiere librar de responsabilidad a los funcionarios que incumplan con el derecho de consulta previa. Asimismo, pretende que ningún proceso judicial impida la ejecución de sus decisiones aún cuando no sean consultadas.
- Se vulnera el derecho a la autonomía de las organizaciones indígenas y a las formas de decisión interna de los pueblos indígenas al intervenir la ONPE como entidad que definiría la representación de los pueblos que son consultados.
- Se argumentó que el derecho a la consulta no abarca los Planes, Programas y Proyectos de Desarrollo. Ello falta a la verdad puesto que el artículo 7 del Convenio de OIT señala expresamente que “dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente”.
- El Gobierno pretende confundir a la opinión pública levantando el concepto de veto cuando este no está recogido en el dictamen aprobado. El consentimiento que exigimos los pueblos indígenas implica la búsqueda de consensos, sin imposiciones.
- Se pretende legitimar las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas mediante indemnizaciones; de esa manera buscan “comprar” nuestros territorios, nuestra dignidad, en suma nuestra vida.
Las observaciones del Gobierno nos remiten a la misma situación vivida antes de los sucesos de Bagua e incluso la agravan. Se continúa con la política del “perro del hortelano”, desconociendo a los pueblos indígenas para mantener a toda costa los exagerados beneficios a las industrias extractivas.
Las observaciones planteadas hacen inviable un acuerdo. Es por ello que solicitamos al Congreso de la República que insista en la promulgación de la Ley aprobada.
El actual esquema de decisiones sobre los recursos naturales y los bienes públicos es vertical, poco participativo, y durante este gobierno, totalmente autoritario, lo que ha elevado la conflictividad social. La implementación de la consulta previa, permitiría espacios de diálogo que evitarían los conflictos.
Convocamos a los sectores sociales, políticos, medios de comunicación, y a la opinión pública en general, a exigir la aprobación de la ley, sin observaciones.
http://www.losandes.com.pe/Nacional/20100625/37697.html
Indígena septuagenario lidera marcha contra Morales
Por Franz Chávez
LA PAZ, 25 jun (IPS) - El indígena Ernesto Noé, de 69 años, dirige por séptima vez a los pueblos de los bosques y llanuras tropicales de Bolivia en una marcha de 1.482 kilómetros desde la ciudad de Trinidad, capital del norteño departamento de Beni, hasta la sede del gobierno.
Los indígenas, que comenzaron su recorrido el 21 de este mes y calculan 60 días de caminata, demandan territorios y autonomía efectiva, y se manifiestan contra la extracción de petróleo con daños ambientales.
Noé fue uno de los líderes de la primera marcha de los pueblos del oriente en 1990, quienes exigían dignidad, el reconocimiento de sus tierras y una asamblea constituyente.
Ese movimiento terminó convirtiéndose en el impulsor de los cambios políticos que vive Bolivia desde la asunción del presidente aymara Evo Morales en 2006.
Con 69 años, el pelo canoso y paso firme, Noé, de la etnia mojeño trinitario, tiene varios méritos.
Fundó y presidió en 1989 la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB), conformada por 18 etnias, y ahora es presidente del Comité de Marcha de esta organización que integra a su vez la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob).
Su edad también lo hace merecedor del respeto de las culturas amazónicas. A los ancianos se les considera fuente de sabiduría y hoy, como dirigente de la CPIB, es reconocido también por la Cidob, que agrupa a 11 organizaciones regionales del oriente y del Chaco boliviano.
El dirigente encabeza a unas 700 personas que comenzaron la larga caminata a las seis de la mañana del lunes en la ciudad de Trinidad, capital de Beni, un mes después de la suspensión de otra marcha tras una negociación apresurada entre la Cidob y el gobierno.
En esa negociación, el gobierno anunció su disposición a modificar la legislación forestal para evitar una depredación de los bosques, así como la vigilancia estricta del cumplimiento de normas ambientales por parte de las empresas mineras.
La promesa gubernamental de crear un reglamento de consulta a los pueblos indígenas antes de realizar exploraciones petrolíferas, construir carreteras y centrales hidroeléctricas, y autorizar sondeos mineros aplacó el enojo de la Cidob, pero la tensión se avivó cuando los pueblos indígenas pidieron autonomías en sus territorios comunitarios de origen (TCOs).
"Queremos hablar con el gobierno de jefe a jefe porque las negociaciones con los ministros han fracasado", expresó Noé en un diálogo telefónico con IPS desde un punto de la marcha conocido como Casarabe, distante a unos 50 kilómetros de la ciudad de Trinidad.
Un total de 84 territorios comunitarios de origen fueron reconocidos por el gobierno, pero hasta ahora sólo 11 municipios están en proceso de transformarse en gobiernos autónomos indígenas después de que sus habitantes eligieron ese modo de administración en una consulta popular el 6 de diciembre de 2009.
Los 11 municipios deben elaborar sus estatutos y elevarlos en consulta al Tribunal Constitucional, un órgano judicial que entrará en vigencia en 2011. Posteriormente se convocará a referendos para la adopción de las cartas orgánicas indígenas.
Noé recuerda que en 1990, tras una marcha entre Trinidad y La Paz, lograron el reconocimiento de territorios indígenas y hoy piden que esas delimitaciones se transformen en gobiernos autónomos, capaces de administrar sus recursos naturales y elegir a sus autoridades bajo la modalidad de usos y costumbres.
En estas zonas tropicales, el modo de elección popular son los cabildos, asambleas populares que postulan a los habitantes reconocidos por su trabajo y valores morales.
La diferencia existente entre la aplicación de un procedimiento de elaboración de estatutos con participación del Tribunal Constitucional y la propuesta indígena de aprobar las cartas orgánicas en asambleas populares representa el centro del conflicto y ruptura entre la Cidob y el gobierno.
La Asamblea del Pueblo Garaní (APG), integrante de la Cidob, ha optado por conversar con el gobierno y por ello no participa de la marcha.
"Nunca hemos estado cerrados al diálogo, pero no se puede vulnerar la Constitución Política del Estado", expresó a IPS el viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, César Navarro.
Para Navarro, detrás de las movilizaciones están los intereses de "manipulación política" de algunos dirigentes apoyados por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por su sigla en inglés) y citó el caso de la Central de Pueblos Indígenas del Norte de La Paz (CPILAP).
Esa organización, afiliada a la Cidob, recibió financiamiento para elaborar y publicar su plan de desarrollo quinquenal. "Usaid ha estado involucrada en elaborar la visión de una organización y por tanto está penetrando e involucrándose" en ella, afirmó.
"Muchas organizaciones no gubernamentales son correas de implementación de las corrientes de Estados Unidos", aseguró el funcionario. "Usaid no realiza sus planes de manera directa y asigna recursos" a estas entidades por " cerca de 100 millones de dólares", enfatizó.
"Quiero decirle al gobierno que si la marcha estuviera financiada estuviéramos muy cómodos, pero los compañeros fueron de pesca para comer en el campamento donde hay escasez de alimentos", respondió Noé.
"Esta marcha la hallo honesta porque no cuenta con recursos para financiar la alimentación de los marchistas", subrayó el veterano líder.
El 22 de este mes, en la ciudad de Santa Cruz, el presidente izquierdista Evo Morales acusó a los partidos de derecha de impulsar demandas "innegociables", como la cesión de tierras fiscales y parques nacionales a indígenas.
"Es una forma de oponerse a las políticas que desarrollamos y al proceso de cambio", expresó.
La marcha indígena de los pueblos orientales ha recibido el respaldo del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo (Conamaq), una antigua aliada de Morales.
Conamaq también demanda el reconocimiento de sus tierras ancestrales para crear gobiernos autónomos que recuperen la antigua organización social y cultural de pueblos de la región occidental de Bolivia.
Esta entidad no descarta adherirse a la marcha de la Cidob, en rechazo al proyecto de Ley Marco de Autonomías propuesto por el gobierno, que establece un número de 10.000 habitantes para conformar un gobierno autónomo, mientras la organización de tierras altas pide que el número sea sólo de 6.000 habitantes.
http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=95762
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